La frontera boliviano-peruana se reabre hoy tras la pacificación de la región surandina de Puno, con la atención de los reclamos ambientales de las comunidades aimaras, motivo de una larga huelga.La normalización del paso de un país a otro fue resuelto anoche en una asamblea masiva de indígenas en la localidad de Desaguadero-Perú, separada por el río del mismo nombre de su homónima boliviana.
El líder aymara dio cuenta de las medidas gubernamentales que atienden los reclamos nativos y consultó y obtuvo la aprobación de los asistentes al levantamiento de la huelga general iniciada el 9 de mayo.
El paro y el bloqueo fueron interrumpidos para dar paso a la elección presidencial ganada el 5 de junio del nacionalista Ollanta Humala, quien obtuvo más de 70 por ciento de los votos en la región de Puno.
Humala llamó la semana pasada al gobierno saliente de Alan García, tras una visita a Bolivia, a solucionar en forma pacífica de los conflictos sociales y a no dejarle la herencia de un “campo minado”.
El presidente electo manifestó preocupación por los daños económicos de la crisis, en especial para el comercio exterior boliviano, por el bloqueo fronterizo.
La solución fue alcanzada con la aceptación de las exigencias aymaras que el gobierno se había negado a atender a lo largo del conflicto.
El Ejecutivo accedió a anular por irregularidades una concesión minera a una empresa canadiense, estableció una moratoria de concesiones y condicionó las operaciones extractivas a consultas con las comunidades.
El Gobierno peruano también dictó un decreto que declara prioritaria la descontaminación del río Ramis por sustancias tóxicas usadas por la minería informal. Atendió así una demanda de una década de la provincia quechua de Azángaro, en el norte de Puno, tras graves disturbios que el viernes últimos dejaron seis muertos baleados por la policía.
Los uniformados abrieron fuego cuando miles de manifestantes de Azángaro penetraron en el aeropuerto de la ciudad puneña de Juliaca, a mil 286 kilómetros al sureste de aquí.
Ese mismo día Humala emplazó al presidente saliente a impedir que siga el derramamiento de sangre y llamó a las partes a solucionar la crisis mediante el diálogo.
En medio de críticas que atribuyen al gobierno haber dejado agravarse los conflictos de Puno, García atribuyó la violencia y las protestas a supuestos intereses políticos que presionan a Humala por espacios de poder.
La vicepresidenta electa Marisol Espinoza rechazó la afirmación y los “juegos perversos” de García y señaló que las protestas están dirigidas contra su administración, mientras dos diarios lo acusaron de “lavarse las manos” al eludir su responsabilidad en las muertes.
Fuente: Noticias Perù
